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La accesibilidad en el edificio de mi comunidad. Cómo afecta según la nueva reforma de ley y la ley vigente de accesibilidad

14/07/2015

Como ya hemos recordado en otros artículos, el día 21 de junio de 2015 entró en vigor, la Ley 5/2015, del 13 de mayo que modifica el libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales que regula, entre otras materias, las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal ubicadas en Cataluña.

Entre las principales novedades el nuevo texto, otorga una especial consideración a los acuerdos relativos a las obras para la adaptación del edificio a las necesidades de las personas con discapacidad y para personas mayores de setenta años. Se otorga legitimación para pedir a la autoridad judicial que obligue la comunidad a hacer estas obras, en el caso que la junta no lo apruebe, a los propietarios y a los titulares de un derecho posesorio sobre el elemento privativo, tanto si son ellos directamente como las personas con quienes conviven o trabajan quienes sufren la discapacidad o son mayores de setenta años.

En concreto, los propietarios o los titulares de un derecho posesorio sobre el elemento privativo, en el supuesto de que ellos mismos o las personas con quienes conviven o trabajan sufran alguna discapacidad o sean mayores de setenta años, si no consiguen que la comunidad tome los acuerdos necesarios, pueden pedir a la autoridad judicial que obligue a la comunidad a suprimir las barreras arquitectónicas o a hacer las innovaciones exigibles, siempre que sean razonables y proporcionadas, para lograr la accesibilidad y la transitabilidad del inmueble en atención a la discapacidad que las motiva.

Los acuerdos para suprimir las barreras arquitectónicas o para hacer las innovaciones exigibles para la accesibilidad del inmueble, requerirán mayoría simple.

Los gastos originados por la supresión de barreras arquitectónicas o la instalación de ascensores y las que hagan falta para garantizar la accesibilidad del edificio, son a cargo de:

  • Si derivan de un acuerdo de la junta de propietarios son a cargo de todos los propietarios.
  • Si derivan de una decisión judicial, la autoridad judicial es quien fija el importe en función de los gastos ordinarios comunes de la comunidad de propietarios.

Al margen de la normativa que regula las comunidades de propietario, en Cataluña tenemos la Ley 13/2014, del 30 de octubre, de accesibilidad (publicada al DOGC nº 6742, de 4 de Noviembre de 2014); que regula las cuestiones relacionadas con la accesibilidad en varios ámbitos:

  1. Establece (art. 17) que las zonas comunes de los edificios plurifamiliares en que residen personas con discapacidad, o personas más grandes de setenta años, tienen que tener las condiciones de accesibilidad adecuadas a sus necesidades de acceso a la vivienda, de comunicación y de interacción con el acceso al edificio que sean técnicamente posibles. Corresponde a la comunidad de propietarios, o al propietario único del edificio, de llevar a cabo y sufragar las actuaciones y las obras de adecuación necesarias.
  2. La ejecución de las obras anteriores se tiene que llevar a cabo de una manera diligente con relación al agravio a las personas afectadas, y en todo caso en el plazo de un año, si son obras menores, o de dos años, si son obras mayores, a contar de la fecha del acuerdo de la comunidad de propietarios o, si se da la situación, de la fecha de notificación de la resolución administrativa o judicial.
  3. El plazo para las obras mayores anteriores se puede ampliar si alguno de los propietarios que forma parte de la comunidad justifica que el coste que se le imputa por estas obras supera el 33% de los ingresos anuales de su unidad familiar y que estos ingresos son inferiores a 2,5 veces el indicador de renta de suficiencia de Cataluña o el índice que lo sustituya.

Antoni calle abogado de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona

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